Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) dirigida por el Fiscal Ramiro González
La Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) es una dependencia especializada del Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina, con una competencia penal de alcance federal que se extiende a todo el territorio del país. Su función principal consiste en intervenir en la investigación de aquellos hechos que, por sus características y consecuencias, pueden constituir delitos contra el ambiente, de acuerdo con el marco normativo vigente.
La dirección de la UFIMA está a cargo del fiscal federal Ramiro González, quien es responsable de la planificación de las investigaciones, la supervisión de las decisiones procesales y la coordinación del trabajo interdisciplinario que resulta necesario para avanzar en causas de notoria complejidad técnica.
La unidad fue creada a través de la Resolución PGN Nº 123/06 de la Procuración General de la Nación. Su establecimiento respondió a la necesidad estructural del sistema de justicia de dar una respuesta penal efectiva a hechos que no se agotan en el ámbito meramente administrativo o de fiscalización, sino que encuadran en figuras del Código Penal, como las contempladas en los artículos 200 a 207, o en leyes especiales con implicancias penales directas.
La UFIMA investiga infracciones a normativas como la Ley 24.051 sobre residuos peligrosos, la Ley 22.421 sobre conservación de la fauna y la Ley 26.331 de protección de bosques nativos, entre otras. La fiscalía puede iniciar investigaciones preliminares a partir de denuncias formales, informes técnicos, actuaciones administrativas o hechos de conocimiento público.
El trabajo de la UFIMA se desarrolla en una necesaria coordinación con organismos públicos como el Ministerio de Ambiente, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Dirección General de Aduanas, así como con universidades nacionales que cuentan con cuerpos técnicos o laboratorios especializados.
En función de la naturaleza del caso, también se recurre a la cooperación internacional en el marco de tratados suscriptos por la Argentina, como el Convenio de Basilea para el control de movimientos transfronterizos de residuos peligrosos.
El funcionamiento de la UFIMA no implica el reemplazo de los entes administrativos de control ambiental. Su intervención de carácter penal sólo se justifica cuando el hecho denunciado excede el simple incumplimiento normativo o el conflicto administrativo, y puede constituir una conducta típica, antijurídica y culpable según el ordenamiento penal vigente.